Breve Análisis Constitucional
Por Gerardo Andrés Pettet Pettet, abogado
Durante los últimos días, muchos de nosotros nos hacemos la misma pregunta, por lo cual es parece de vital importancia realizar al menos a groso modo un análisis de nuestra actual constitución, para determinar en qué medida resulta elemental la confección de una nueva carta fundamental, debido a una válida percepción ciudadana de que dicho cuerpo normativo no limita la facultad de subir el sueldo mínimo, mejorar las pensiones, garantizar la gratuidad en la educación y condonar las deudas relativas a ella, disminuir los impuestos, mejorar el sistema de salud, etc.
Por tanto, corresponde iniciar esta reflexión sentando ciertos criterios objetivos, tales como que:
La Constitución Política de la República o también llamada “Carta Fundamental”, corresponde a la ley de más alta jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, quedando en consecuencia el resto de las leyes supeditadas a ella.
La Constitución está dividida en una serie de capítulos que van regulando distintas materias atingentes al Estado, partiendo por las bases de institucionalidad, donde se sientan los principios que rigen e inspiran la organización política del Estado; los derechos y deberes constitucionales, o garantías fundamentales; una regulación de los órganos que ejercen las funciones del Estado -poder ejecutivo, legislativo y judicial; una serie de instituciones públicas como el Ministerio Publico, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, entre otras; y un capítulo dedicado a la reforma constitucional.
En definitiva, nuestra Constitución contiene una parte dogmática con la consagración de los derechos y deberes fundamentales, y otra parte orgánica, regulando el funcionamiento del Estado, las relaciones entre el poder y la ciudadanía como también las relaciones entre los poderes.
Dicho lo anterior, es importante tomar conciencia que el anuncio de este acuerdo por una nueva constitución, se realizó en el congreso por quienes tienen la obligación de conducirlo, nuestros parlamentarios, garantizado por un plebiscito de entrada cuya función es abrir la discusión, con la opción además de escoger la modalidad que se le entregará; ya sea como una Convención Constituyente, compuesta por asambleístas o constituyentes democráticamente elegidos con una misión exclusiva que es dar vida a la nueva Constitución; o una Convención mixta, integrada en una parte por asambleístas elegidos para tal efecto y en otra por parlamentarios, pero que sea cual sea el caso, será trabajado por aquellos a quienes se le entregó y/o se les va a entregar la representatividad ciudadana para realizarlo, vital en un régimen Democrático como el nuestro. Y, finalmente con un Plebiscito de Salida para la aprobación final del nuevo texto.
Ahora en lo relativo a los Quorum, debe ser analizado desde una perspectiva positiva y entender la importancia de que exista una verdadera mayoría para poder llenar esta hoja en blanco y, por cierto, con esta rigidez entregada por los Quorum tan discutidos por algunos, garantizar a su vez mínimos de proyección, estabilidad y seguridad pública, principio inspirador de todo estado de derecho, reafirmado por otro lado con la capacidad de acuerdos de nuestras autoridades y que al final del día, estará siendo observado y juzgado en todo momento por la ciudadanía.
Quizás la única deuda queda en manos de la comisión técnica, quienes deberá determinar el mecanismo que garantice una verdadera representatividad ciudadana en la elección de los asambleístas, sentando criterios, por ejemplo, de equidad de género y presencia de pueblo originarios.
Por otro lado, estos días es importante mejorar la organización social y participación ciudadana, potenciando la discusión y educación cívica, para que a través del proceso constituyente se puedan recoger las demandas sociales y así todas aquellas injusticias o abusos que hoy se denuncian por falta de protección social queden realmente zanjados y garantizados por esta nueva Carta Magna, de modo tal, que si el constituyente así lo determina, aquellas libertades consagradas hoy, mañana puedan ser garantizadas como derechos económicos o sociales fundamentales, por ejemplo: la educación, la salud, la vivienda, entre otros, que podrían pasar a constituirse legítimamente en un mínimo de derechos que nos aseguren una calidad de vida digna, pero con la debida prudencia que no trunque nuestras libertades.
Como se dijo anteriormente, la Constitución distribuye y limita el poder en nuestra sociedad y para muchos hoy y siempre nuestra Carta Magna ha carecido de legitimidad por haber sido confeccionada bajo un régimen no Democrático, lo cual no debería ser motivo para agotar la reflexión, pues no todo lo que hoy tenemos, ya sea como principio, derecho o institución, está mal, sin embargo, tampoco podemos negar que hoy por hoy dicha Carta realmente no es suficiente para alcanzar la equidad y justicia social que merecemos, pues obviamente este estallido social surge en respuesta a la desesperación de ir quedándose atrás del progreso que en números macros pueda tener nuestra economía.
Por otro lado, tampoco podemos perder de vista que no solo en nuestra historia constitucional, sino que, quizá en la mayoría de los países, es inevitable no recoger y mantener normas básicas establecidas por textos anteriores, situación que seguramente también en este proceso nos sucederá y que como se dijo por lo demás es obvia.
Sin duda, los tiempos nos exigen la presencia de una verdadera Economía Social de Mercado, donde el Estado sea garante en cuantas materias sea necesario, de modo tal que se nos permita avanzar a un sistema de mayor protección social, pero sin perder de vista el cuidado por el libre ejercicio económico, que permita la iniciativa e inversión del privado.
Hoy el problema no está en la extrema pobreza, sino en el reparto. Cuando hablamos con nuestra familia y amigos, vemos en todos el espíritu de superación, es decir, no quieren todo gratis, sino que todo posible, que nadie quede fuera del sistema por falta de dinero y es ahí adonde debemos apuntar, que en Chile nadie se nos quede atrás. Por lo anterior, no es menos cierto que se torna relevante destrabar situaciones quizá institucionales, quizá de voluntad, pero que sin duda hoy nos están impidiendo la garantía o el financiamiento de derechos que deberían ser básicos y que, en virtud de ello, podríamos justificar la necesidad de una nueva Constitución, que se encargue de irradiar esta justicia social hacia todo nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente, hoy y sin duda alguna, debemos caminar en paralelo hacia una nueva Constitución si así Chile lo decide, una sólida Agenda Social y por cierto a la recuperación de nuestra Seguridad Pública.
